Palencia. Las inspecciones de edificios deben incluir la accesibilidad y la eficiencia energética.

El Reglamento de Urbanismo de la Junta estableció ya en 2007 la obligación de pasar inspecciones técnicas para todos los edificios con más de 40 años. Es decir, que todos los inmuebles construidos antes de 1974 deben someterse a una revisión para comprobar que se encuentran en buenas condiciones de habitabilidad.

 

En la mayor parte de las localidades de la región afectadas, aquellas que tienen más de 20.000 habitantes o que cuentan con Plan General de Ordenación Urbana, estas inspecciones técnicas de edificios ya se han llevado a cabo o se están desarrollando paulatinamente. Sin embargo, en la capital palentina todavía no se ha dado apenas ningún caso. Algunas pequeñas excepciones, como si la normativa regional se hubiera esfumado por las chimeneas de esos inmuebles afectados.

 

Ante esta situación, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Palencia ha decidido ya tomar el toro por los cuernos e impulsar el cumplimiento de esta normativa, que, además, desde el año pasado, llega acompañada de una ley estatal sobre rehabilitación y conservación de edificios que establece que todos los inmuebles deben pasar esa consabida inspección técnica, cumplimentada también con un estudio sobre accesibilidad y otro sobre eficiencia energética. Vamos, un tres en uno, como el aceite lubricante. Se trata de esta forma de algo mucho más amplio que la inicial inspección técnica. La nueva normativa establece la obligación de que los inmuebles pasen un informe de evaluación global.

 

En este contexto de inexistencia de inspecciones técnicas en la ciudad, más la obligación de incorporar las evaluaciones de accesibilidad y de eficiencia energética, la Concejalía de Urbanismo lo que ha decidido es elaborar una ordenanza municipal que incorpore toda la normativa relativa a estos aspectos, tanto autonómica como estatal, para sistematizarla y clarificarla.

 

La Comisión Informativa de Urbanismo del Ayuntamiento de Palencia ha dado ya el visto bueno inicial a la propuesta, que deberá ser aprobada por el pleno municipal, aunque los grupos políticos tendrán nuevas sesiones de estudio con el fin de incorporar algunas mejoras al texto. El objetivo es que la nueva ordenanza sobre la evaluación de edificios entre en vigor el próximo año, cuando el Ayuntamiento de Palencia tiene previsto comenzar a notificar a los propietarios de los inmuebles afectados que tienen la obligación de someter sus edificios a las evaluaciones técnicas.

 

La obligación afecta a todos los inmuebles levantados antes de 1971, lo que supone que solo en la capital palentina deben someterse a esta revisión más de 14.500. Como se trata de una cifra muy abultada, el Ayuntamiento de Palencia ha diseñado un calendario orientativo que permita ir dando cumplimiento a la normativa sobre la evaluación de edificios, sin someter a una excesiva presión a los propietarios y que a su vez no colapse los servicios de la Concejalía de Urbanismo con la entrada de los preceptivos informes.

 

Colaboración con el catastro

Para ello, los técnicos municipales han solicitado la colaboración del Catastro para recoger en un catálogo el listado de edificios de la capital palentina con su antigüedad registrada. De esta forma, se pretende ir requiriendo a los propietarios de los inmuebles, siguiendo un patrón, a que efectúen las inspecciones de los edificios.

 

Para el próximo año 2015, está previsto llamar a revisión a todos los inmuebles edificados en la ciudad de Palencia antes de 1950. Se remitirá una carta a los dueños o a las comunidades de propietarios para que contraten con un técnico cualificado la inspección de sus edificios. Posteriormente, el informe de evaluación debe entregarse en la Concejalía de Urbanismo.

 

El calendario fijado por el Ayuntamiento establece que en 2016 se hará el requerimiento a los edificios construidos entre 1951 y 1960, y al año siguiente, los edificados entre 1961 y 1970, y así sucesivamente, para que todos los edificios afectados cumplan con la normativa legal en los próximos años.

 

Desde las administraciones se defiende la necesidad de pasar estas inspecciones técnicas, puesto que se tratan de una garantía para el propietario sobre la habitabilidad, las condiciones de uso, la conservación y el mantenimiento en condiciones adecuadas de seguridad y salubridad del inmueble. Además, ahorra costes posteriores y favorece la sostenibilidad de las construcciones.

 

La normativa regional sobre la Inspección Técnica de Edificios indica que la revisión debe realizarse dentro de los doce meses siguientes a que se cumplan los cuarenta años de la construcción del inmueble o de su rehabilitación integral, y dentro de los doce meses siguientes a que se cumplan diez años desde la anterior inspección. El propietario debe encargar la revisión a un técnico competente en materia de construcción. El técnico expedirá un certificado y adjuntará un informe en el que describirá el resultado de la inspección. Los propietarios deberán presentar en el Ayuntamiento una copia de ese certificado y del informe anexo dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo en el que corresponda realizarla. Los servicios municipales pueden requerir a los propietarios que acrediten la realización de la inspección técnica dentro de un plazo máximo de tres meses. Si no lo hacen, el Consistorio puede realizar la inspección, pero los gastos correrán a cargo de los propietarios.

 

El Norte de Castilla

 

Comunidad Valenciana. Cerca de 140.000 edificios tendrán que ser accesibles dentro de un año.

El futuro del sector de la construcción pasa, necesariamente, por centrarse en la rehabilitación. Esta es una de las principales conclusiones que se extraen de la jornada celebrada ayer en las instalaciones de la Universitat Politècnica de València bajo el título ‘El momento de la regeneración urbana’. Una serie de conferencias en las que, entre otras cuestiones, se dio cuenta a los asistentes del nuevo Informe de Evaluación de Edificios (IEE) impulsado por el Ministerio de Fomento, una inspección que servirá para desvelar cuál es la situación actual de los inmuebles de la Comunitat en relación a su mantenimiento, su eficiencia energética, su accesibilidad y su insonorización.

Este nuevo IEE pretende aglutinar a la antigua Inspección Técnica de Edificios y al Certificado Energético en una única inspección, que además incorporará otros aspectos, como el grado de accesibilidad o de ruidos que tiene un determinado hogar. Sobre ello, la Directora General de Vivienda, Pilar Martínez, explicó que, hasta ahora, la inspección técnica de edificios se ha desarrollado deficientemente, pese a que todos los edificios con una antigüedad mayor a 50 años están obligados a superarla. Pese a ello, poco más del 1 por ciento de los inmuebles con esta edad cuenta con el citado informe, como lamentan desde el Colegio de Arquitectos de Valencia.

Por otra parte, Martínez recordó que, en la actualidad, aproximadamente el 77 por ciento de los inmuebles presentan una insuficiente accesibilidad y avanzó que en 2015 todas las fincas con más de cuatro viviendas deberán ser accesibles. En la Comunitat, por tanto, cerca de 140.000 edificios serán susceptibles de tener que acometer algún tipo de obra de adecuación para cumplir la normativa. Sin embargo, fuentes expertas aclararon que no se aplicará de forma radical, ya que existen casos en los que técnicamente podría ser inviable, por ejemplo, instalar un ascensor. Eso sí, será de obligado cumplimiento acometer las mejoras o modificaciones que, con respecto a la accesibilidad, marque el IEE.

La importancia de contar con este nuevo informe, que desgranará la situación pormenorizada de cada inmueble, radica también en que faculta a los propietarios para poder solicitar las ayudas previstas para la rehabilitación. Es decir, si una comunidad de propietarios tiene que acometer obras de mejora estructurales, reparación de bajantes y humedades o crear una nueva rampa de acceso, no podrá solicitar ayudas a la Administración a no ser que cuente con el citado IEE. Además, se está estudiando el que no puedan realizarse operaciones de compraventa en edificios de más de 50 años de antigüedad que no cuenten con el informe, otra medida de presión para que las comunidades no alarguen más la consecución de este documento. Martínez señaló también que, en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias, se ha creado una ordenanza básica para que cada ayuntamiento la adapte a su municipio. Para los profesionales que deban hacer estas inspecciones, arquitectos y aparejadores principalmente, la próxima semana comenzará a funcionar a través de la web del ministerio un programa informático que servirá de herramienta para elaborar el informe.

Con respecto a las ayudas públicas que podrán recibir los particulares, la directora general avanzó que a lo largo de este mes de febrero está previsto suscribir un convenio con la Generalitat que será el que regule la concesión de subvenciones. A partir de ese momento, los inmuebles que cuenten con la IEE y deseen acometer las obras de mejora podrán solicitar la ayuda de la Administración.

El presidente del Colegio de Arquitectos de Valencia, Luis Sendra, se mostró esperanzado de cara al futuro, pero también crítico. «Hemos oído muchas palabras, pero necesitamos hechos», aseveró. Sendra añadió que el sector está «técnicamente en paro» y lleva «muchos años esperando que los proyectos se desarrollen económicamente», por lo que reclamó agilizar el proceso.

Las Provincias