Los graves destrozos aparecidos la última semana en las pinturas rupestres de la Cueva de los Escolares, en Santa Elena (Jaén), junto al conjunto de arte esquemático y levantino declarado en 1998 por la Unesco Patrimonio Mundial, ha reabierto el debate sobre la fragilidad y desprotección que sufre este legado con miles de años de antigüedad. Andalucía, con más de 3.000 yacimientos arqueológicos catalogados, es uno de los lugares donde más proliferan los actos vandálicos, muchas veces alentados por un mercado negro que mueve millones de euros. La dispersión y difícil localización de este patrimonio, unido a la falta vigilancia, es el caldo de cultivo de las infracciones, que se han disparado en los últimos años.
La situación más precaria se da en los conjuntos patrimoniales que están al aire libre, como es el caso de las pinturas rupestres. El conjunto artístico reconocido por la Unesco data aproximadamente entre el 8.000 y 3.500 antes de Cristo y está formado por más de 700 sitios, de los que cerca de 50 se hallan en la provincia jiennense. A ellos hay que añadir más de 300 abrigos en la fachada atlántica de Cádiz. “La desprotección que sufre este patrimonio es un problema muy grave, Andalucía es una zona única en el mundo en arte rupestre”, apunta José Luis Sanchidrián, catedrático de Prehistoria.
Los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de plantear las soluciones para evitar los expolios. “En estos casos solo cabe el cerramiento de los yacimientos, pero a mí no me gusta porque indicamos al expoliador dónde está el bien. O hacer una alianza entre Cultura y Medio Ambiente para que la guardería medioambiental también se implique en la vigilancia de estos bienes”, señala Bartolomé Ruiz, director del conjunto de los Dólmenes de Antequera. Este yacimiento, que también aspira a su declaración como Patrimonio Mundial, es citado por los expertos como ejemplo de una buena preservación del patrimonio al aire libre.
José Luis Sanchidrián, quien fue conservador de las Cuevas de Nerja, también recela del vallado como solución más eficaz: “¿Quién le pone puertas al campo?”, se pregunta. Sin embargo, algunos grupos políticos, como es el caso del Partido Andalucista, han abogado por el vallado de estas pinturas y piden, incluso, la instalación de cámaras de seguridad en sus entornos. Cultura defiende su labor preventiva en los conjuntos cuya gestión tiene encomendada y cita como ejemplo los vallados en la Villa Romana de Bruñel (Quesada), en el yacimiento arqueológico de Puente Tablas (Jaén) o en el altozano Deán Pérez de Vargas (Andújar).
Con todo, tras los daños en las pinturas de Despeñaperros, todas las miradas se han dirigido hacia la Junta de Andalucía, como Administración tutelante de los bienes de carácter histórico. Sin embargo, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte defiende su labor en materia de protección y conservación preventiva del patrimonio arqueológico conforme a lo previsto en la Ley 14/ 2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía. El último año, la Junta abrió 170 expedientes sancionadores en la región por infracciones al patrimonio que está en lugares abiertos.
A pesar de no existir protocolos específicos de colaboración, la Junta valora la asistencia en esta materia de los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto Guardia Civil como policía autonómica e, incluso, la de los agentes de Medio Ambiente. El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil realiza cada año más de 500 actuaciones por expolios arqueológicos en el país, con Andalucía a la cabeza.
Desde el Seprona se advierte de que uno de los principales obstáculos para frenar los delitos contra el patrimonio es que no crean alarma social. “La sociedad avisa cuando hay vertidos a ríos o maltrato a animales pero raramente llaman para contar que se está produciendo un delito contra el patrimonio, no ha conciencia sobre ello”, indicó un portavoz del Seprona.
Con todo, los expertos alertan de la desprotección de estos bienes. “La solución pasa por reforzar la vigilancia, en especial cuando los bienes están dentro de un espacio natural protegido”, subraya Benito Navarrete, historiador de Arte. En su opinión, ya en 1986 se alertaba del abandono de las pinturas rupestres de la provincia de Cádiz y, ahora, la situación sigue siendo muy parecida. Pone como ejemplo los abrigos de las Cuevas de los Muñecos, en Despeñaperros, pinturas de estilo levantino con más de 6.000 años de vida que “están sistemáticamente saqueadas”. En los últimos tiempos están aumentando también los expedientes contra personas que utilizan detectores de metales en los yacimientos arqueológicos sin contar con autorización alguna para esa práctica.
Desde Cultura se llama la atención de que el 24% de los expedientes tramitados en los dos últimos años en Andalucía para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico pertenece a bienes del patrimonio arqueológico. Con relación al arte rupestre inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, la Junta de Andalucía está trabajando para la redacción del Plan de Gestión de los citados bienes, tal y como demanda la Unesco, conjuntamente con el resto de las comunidades autónomas implicadas en el expediente del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo.
La fiscalía, contra la “desidia” administrativa
La Fiscalía General del Estado se hace eco en su memoria de 2013 del reducido número de procedimientos que se tramitan por la vía penal en materia de patrimonio histórico. “En ocasiones, el problema reside en la inactividad de la Administración que está obligada a proteger tales bienes y no lo hace”, se apunta en la memoria, que alude a las quejas presentadas en este sentido desde las fiscalías de Huelva y Sevilla. Estas atribuyen parte del problema a la limitada remisión de denuncias o expedientes administrativos por parte de la Delegación provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.
Las excavaciones ilegales son otras de las principales amenazas de las zonas arqueológicas. “Pero se suscitan problemas a la hora de imputar habida cuenta de la desidia de la Administración al no hacerse generalmente un inventario en la carta arqueológica o ante la falta de señalización de los yacimientos”, se indica en la memoria de la fiscalía.
Por el contrario, las actuaciones para castigar las pintadas con grafitis sobre bienes de valor histórico sí que ha aumentado en los últimos tiempos. No obstante, el ministerio público cree que este incremento se debe a las campañas para la erradicación de esas pintadas puestas en marcha desde diversas fiscalías, entre ellas la de Granada.
La Fiscalía de Cádiz valora una condena por el uso de aerosol de pintura sobre diversos monumentos de la ciudad. Mientras que la de Huelva pide que este tipo de conductas se consideren delictivas. “No constituye una solución proporcionada, justa y eficaz incardinar el tema en la falta de deslucimiento de inmuebles del artículo 626 del Código Penal”, subraya la fiscalía onubense.
Las leyes penales tan solo establecen multas de 10 a 20 días a los que causen daños en el patrimonio cuyo importe no exceda de 400 euros. Las penas pueden ir de uno a tres años de prisión cuando los daños se producen en bienes de valor histórico artístico o en yacimientos arqueológicos.
El fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, ya se mostró partidario de endurecer las penas por delito de patrimonio. “Es la única manera de asegurar una protección suficiente del llamado patrimonio oculto, tan frecuente entre los bienes arqueológicos, incluida la arqueología subacuática, o de omitir actuaciones poco diligentes de las distintas administraciones culturales”, indicó García Calderón, quien abogó también por incluir como nuevas tipologías penales las excavaciones ilegales.
El País
Restauración y Gestión del Patrimonio 