Valencia tiene "abandonados" 73 edificios protegidos que iban para servicios públicos.

Valencia acumula en la actualidad 73 edificios protegidos que debían haber sido rehabilitados para equipamientos públicos y que o bien están abandonados, la mayoría, o están sin uso alguno. Esta lista la ha confeccionado el grupo municipal socialista, que hoy presentará en el pleno un plan para recuperar estas joyas del patrimonio municipal en un plazo de seis años.
La moción se hizo pública ayer en el Parque de Marxalenes, al pie de la vieja Aceitera, con presencia del portavoz socialista, Joan Calabuig, gran parte de sus concejales y también los dirigentes vecinales de Torrefiel, Benicalap, Ciutat Vella, San Isidro y Cabanyal-Canyamelar.
Según explicó Calabuig, repartidos por toda la ciudad hay hasta 73 edificios protegidos, la mayoría de titularidad privada, que tienen como destino convertirse en equipamientos públicos y que o no han sido rehabilitados según lo previsto -están abandonados- o han sido rehabilitados y están en desuso.
Todos ellos están incluidos en el catálogo de edificios protegidos del futuro Plan General de Ordenación Urbana, lo que significa, a juicio de Calabuig, que se está perdiendo valor de la ciudad y calidad de vida para los ciudadanos.
Entre los edificios abandonados hay joyas del patrimonio de Valencia como la alquería del Moro, San Vicente de la Roqueta o los torreones árabes, declarados Bien de Interés Cultural. También la Ceramo, que es Bien de Relevancia Local; varias fábricas de principios del siglo XIX, edificios señoriales y conjuntos arquitectónicos como el de la calle Olba de Marxalenes.
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También figura uno que ha sido rehabilitado con el Plan E del Gobierno socialista y que está en desuso, las naves de la Cros. Hasta 23 millones se invirtieron en edificios como éste, entre ellos las naves de Juan Verdeguer, la alquería Casa Voro o la alquería Canet, en el parque de Viveros, en este caso ya ocupados.
Para los 73 vacíos el Grupo Socialista propone un plan que permita su recuperación por fases en un plazo de seis años, empezando por los que ya son de propiedad pública y siguiendo por los que aún están en manos privadas, que deberían ser adquiridos por el ayuntamiento por la vía de la expropiación, convenios, permutas o transferencias de aprovechamiento.
«Sabemos de las limitaciones económicas del Ayuntamiento, que tiene una deuda de mil millones de euros, pero le pedimos que al menos haga un plan y luego lo aplique por fases, ocupando dos legislaturas», dijo Calabuig.
Su compañero Vicent Sarrià puso como ejemplo La Ceramo, que podría ser objeto de una permuta trasladando la edificabilidad a la parcela que los propietarios reciban a cambio. Y así un caso tras otro según las prioridades y el presupuesto.
Usos públicos
En estos edificios se podrían instalar bibliotecas, centros de mayores, escuelas infantiles y otros equipamientos necesarios en los barrios, algunos desde hace muchos años. Ayer precisamente, el club de jubilados de Marxalenes pidió públicamente la rehabilitación de la Aceitera para que puedan instalarse allí, como estaba previsto. En la actualidad están en dos plantas bajas -son 1.265 socios- en las que no pueden hacer gimnasia y se inundan con las goteras, dijeron.
Hay un factor especialmente señalado por el Grupo Socialista y es que los mismos propietarios, ante la imposibilidad económica de recuperar ese patrimonio, están pidiendo al ayuntamiento que inicie un expediente de expropiación.
Y lo que no puede permitir el ayuntamiento, según los socialistas, es que muchos de estos edificios, como las alquerías Falcó y La Torre, la Aceitera del Parque de Marxalenes o La Ceramo sean víctima de incendios, ocupaciones irregulares, robos etc., pues todo eso causa «daños irreparables».

La Generalitat y la Diputación de Alicante, unidas en la difusión del patrimonio.

La Generalitat y la Diputación de Alicante trabajarán conjuntamente en la difusión y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural alicantino, como las torres de defensa del litoral, los yacimientos arqueológicos o la ruta de castillos.
 
Los diputados provinciales de Cultura, Juan Bautista Roselló, de Infraestructuras, Manuel Pérez Fenoll, y de Arquitectura, Javier Sendra, se han reunido hoy con el director general de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda, Vicente Dómine, y con la directora general de Cultura, Marta Alonso, para estudiar las posibles vías de colaboración.
Roselló ha explicado que en los últimos años se han impulsado importantes actuaciones de recuperación y conservación de elementos patrimoniales de la provincia.
«Ahora se trata de que tanto la Diputación de Alicante como la Generalitat pongamos en valor ese patrimonio de forma conjunta», ha señalado Roselló, quien ha concretado que se había hablado de «actuaciones estratégicas», como pueden ser las torres de defensa del litoral de la época de Felipe II o la ruta de los castillos del Vinalopó.
Ha añadido que se busca sumar recursos y coordinar actuaciones para ser más eficientes y poner en valor ese patrimonio histórico, que es «tan importante tanto para el disfrute de los ciudadanos de la provincia como desde el punto de vista turístico».
El diputado provincial de Cultura ha recordado que la corporación provincial ya ha realizado numerosas actuaciones en esa dirección, como la puesta en valor de las torres de Almudaina y de les Maçanes o los yacimientos arqueológicos de la Illeta dels Banyets o de Lucentum.
La colaboración incluye, asimismo, la recuperación en un futuro de otros edificios de interés patrimonial.
«Queremos sumar recursos para hacer intervenciones de recuperación del patrimonio histórico con vistas al futuro, con actuaciones que podrían estar en línea con la restauración de importantes edificios, como el Monasterio de Onil o la Iglesia de Callosa d’en Sarrià», ha apuntado Roselló.
Por su parte, Dómine ha resaltado el elevado potencial turístico que poseen esos elementos patrimoniales y ha expuesto que han decidido ponerse de acuerdo para unificar criterios y trazar líneas de colaboración que favorezcan que ese rico patrimonio se constituya en un valor añadido de atracción turística.

Burgos (Castilla y león). Las obras en la N-I destapan un desconocido yacimiento arqueológico en el barrio de Cameno.

Un secreto escondido en el subsuelo de La Bureba ha salido a la luz, y ahora estudian los arqueólogos para determinar tanto su antigüedad como importancia. Se trata de un yacimiento arquelógico que se localizó durante las obras de mejora que se ejecutan en el tramo briviescano de la N-I, por lo que se puso en conocimiento de las autoridades competentes. 

Según los testimonios de varios vecinos, el estudio del yacimiento se realiza con sumo cuidado por parte de los investigadores para recuperar el máximo de piezas que lo documenten.

De hecho, afirman, que se han recuperado varios huesos y destacan sobre todo el de un bóvido que se encontraba en muy buen estado de conservación.
Así mismo indicaron que solo se trataba de la mitad del esqueleto, con la cabeza y cornamenta prácticamente intacta, lo que señala que pudiera tratarse de un animal sacrificado ceremonialmente por los antiguos pobladores el lugar. 
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Lógicamente queda en manos de los investigadores datar la antigüedad del yacimiento pero todo parece apuntar a la época autrigona dada la cercanía de otros yacimientos ya conocidos en las proximidades. Al hallazgo de estos restos se suma el de piedras labradas y otros restos que también deberán ser estudiados para ver su compatibilidad histórica. 

Actualmente la excavación abarca una amplia superficie con varios puntos acotados y protegidos de las lluvias y se ha profundizado más de un metro sobre la capa de tierra que lo cubría hasta su descubrimiento.
Este hallazgo ha despertado el interés de los vecinos ya que se localiza junto a un antiguo paso de ganado utilizado durante siglos por los pastores sin que se adivinara lo que se ocultaba bajo la finca tradicionalmente labrada.

Ceuta abrirá visitas a Puerta Califal para promocionar patrimonio histórico.

Servicios Turísticos de Ceuta, dependiente de la Consejería de Turismo del Gobierno ceutí, guiará visitas a las obras de restauración y puesta en valor de la Puerta Califal a partir de la semana que viene los lunes por la tarde.
Las visitas a esta excavación arqueológica, en el conjunto monumental de las Murallas Reales, se ponen en marcha para acercar el patrimonio histórico, en este caso, el referido a la época califal del siglo X, de la que ha llegado a nuestros días una estructura defensiva que se conserva en muy buen estado, según ha informado el Gobierno ceutí.
En la práctica, quien visite las obras de la Puerta Califal podrá repasar buena parte de la historia de la ciudad, ya que las excavaciones arqueológicas han puesto de manifiesto la existencia de una secuencia estratigráfica que abarca desde época romana a moderna y, por encima de todo lo demás, destacan las estructuras arquitectónicas defensivas de época califal.
Las visitas, los lunes por la tarde, serán de grupos de no más de diez personas y están abiertas a mayores de 12 años y a menores de esa edad, también, siempre que estén acompañados de un adulto responsable de su seguridad.
El objetivo de esta actividad es hacer accesible el conocimiento profundo y directo del patrimonio, en este caso, desde el inicio de su puesta en valor, es decir, visitando las excavaciones arqueológicas y las obras que harán de la Puerta Califal un nuevo referente de los recursos turísticos de Ceuta.

Madrid. La Asamblea rechaza enmiendas a la totalidad a la Ley de Patrimonio Histórico.

La Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid continuará su tramitación en la Asamblea de Madrid después de que, con los votos en contra del PP, se rechacen hoy las tres enmiendas a la totalidad presentadas por PSM, IU y UPyD.
La diputada socialista Amparo Valcarce ha afirmado que toda la oposición está en «desacuerdo» con esta ley que «desprotege el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid», por lo que «va a salir adelante con el rodillo de la mayoría absoluta del PP».
Según Valcarce, es «una ley a medida» para «la especulación urbanística» y para «aprovecharse del patrimonio histórico de todos los madrileños».
En este sentido, ha señalado que la futura norma responde a las necesidades de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que «está muy interesada en la operación Canajelas», y a las del magnate estadounidense Sheldon Adelson.
«Es también un traje a medida para Eurovegas; que aparecen restos arqueológicos en los terrenos que se le pretende entregar al señor Adelson, ningún problema, no tendrán protección», ha añadido Valcarce, que ha criticado que la ley instaure lo que ha denominado como «fachadismo», es decir, la defensa del exterior de las edificaciones, pero no de su interior.
El diputado de IU Joaquín Sanz ha coincidido en esta crítica, ya que, a su juicio, la ley busca «mantener fachadas y tirar todo lo demás».
Para Sanz, en este proyecto, «prevalece el interés privado sobre el público», además de que excluye la posibilidad de que los ciudadanos puedan «promover la declaración de un bien cultural».
El diputado de UPyD Juan Luis Fabo ha defendido la enmienda de totalidad de su grupo ante el «retroceso hacia la desprotección del patrimonio» que, en su opinión, supone el proyecto de ley.
Según el diputado de UPyD, la futura norma «opta por disminuir la protección» como mecanismo para favorecer «una visión más economicista» de los usos del patrimonio histórico y arqueológico, a diferencia la legislación nacional de 1998.
Por su parte, el diputado del PP Bartolomé González ha asegurado que es «una ley clara y transparente», que se adapta a las «necesidades de hoy en día» del patrimonio histórico.
«Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se han tenido en cuenta muchas de las reivindicaciones tanto de los colegios profesionales como de las distintas asociaciones», ha agregado.
González ha apuntado que, tras quince años en funcionamiento de de la anterior ley, era «necesaria» una nueva para «recoger algunas de las necesidades que se han ido planteado por los distintos colectivos durante los últimos años», por lo que, en su opinión, la ley va salir adelante con «un gran grado de consenso».
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el 14 de marzo pasado el anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico, que elimina «trabas administrativas y duplicidades», según el Ejecutivo.
La nueva ley propone que el proceso administrativo para declarar un Bien de Interés Cultural se acorte de quince a nueve meses.
Además, para favorecer las labores de conservación de los bienes protegidos por parte de sus propietarios, la Comunidad de Madrid deberá contestar en un máximo de dos meses a las solicitudes de intervención en cualquier Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien de Interés Patrimonial (BIP) -hasta ahora no había plazos-.
Si no hay respuesta, el silencio administrativo será negativo para los BIC y positivo para los BIP