Valencia. Cultura busca una solución para El Cabanyal compatible con la Unesco

Más allá de declaraciones políticas más o menos altisonantes, el Ministerio de Cultura, que preside José Ignacio Wert, busca una solución que proteja El Cabanyal de las excavadoras. El plan urbanístico aprobado hace 15 años por el Gobierno local del PP prevé la demolición de más de 1.600 casas del barrio para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta las playas de la capital.

“El objetivo es encontrar un cauce técnico que permita la consecución de la protección de El Cabanyal conforme a la Convención de la Unesco y la legislación nacional”, responde el Ministerio —por escrito— a preguntas de EL PAÍS. “Actualmente se está en conversaciones de carácter técnico entre las tres administraciones [implicadas]. Ministerio, Generalitat y Alcaldía”, prosigue el organismo que dictó a finales de 2009 —con el PSOE en el Gobierno— una orden que paralizó los derribos ordenados por el Ayuntamiento.

Lo que era un conflicto urbanístico local se convirtió en un problema político de ámbito estatal que acabó en los tribunales. El ministerio, entonces presidido por Ángeles González Sinde, dictó la orden que detuvo las excavadoras, la Generalitat sacó un decreto ley para desactivarla, que luego adquirió rango de ley, y a la que Moncloa respondió con un recurso al Tribunal Constitucional, convencido de que el expolio es competencia exclusiva del Estado.

Desde que el PP llegó a la Moncloa, la alcaldesa Rita Barberá no ha cesado de presionar para desactivar la orden de Cultura, pero el Gobierno, ahora de su mismo partido, concluyó que la orden está blindada por el Consejo de Estado y los dictámenes de instituciones culturales de renombre. Solo quedaba deshacer el embrollo judicial creado por la Generalitat de Camps y el Ayuntamiento de Barberá en torno al Cabanyal. Y esto se consiguió en el Consejo de Ministros de noviembre de 2013, cuando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que retiraba el recurso de inconstitucionalidad si la Generalitat derogaba la ley con la que intentó combatir la orden ministerial. Se cumplió el trato y esta norma es hoy el único instrumento legal que rige en el barrio, en contra del parecer de la regidora.

EL CABANYAL

 

El ministerio desoye a la alcaldesa, aferrada a la ampliación de la avenida

Ante la denuncia de los vecinos de El Cabanyal, que acusan a Barberá y su gabinete de boicotear el acuerdo del Consejo de Ministros, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que ha ejercido muchas veces de policía bueno en el conflicto, les trasladó hace poco que el caso dependía de un informe técnico que estudia el ministerio. Una declaración que la propia Barberá desautorizó horas después, cuando repitió que la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez —la intervención más agresiva del plan— es irrenunciable y exigió al ministerio de Wert que derogue la orden. “A ver si un Gobierno tiene obligatoriamente que gobernar con alguna norma anterior…”, apostilló. Poco que ver con la solución que Cultura intenta negociar con ella y Fabra.

 

El barrio, conjunto histórico

C.V./ F.B., VALENCIA

La Convención de la Unesco, la legislación española de Patrimonio, de 1998, o la Declaración de Amsterdam. Todas apuntan en parecida dirección: preservar un conjunto histórico y El Cabanyal lo es, según el dictamen elaborado en 2010 por la Real Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, órgano consultivo del Estado.

Este organismo recordó el primer proyecto de urbanización de El Cabanyal, de finales del siglo XVIII, de manzanas regulares que al final no se llevó a cabo pero “sirvió de pauta para su reconstrucción definitiva, efectuada tras el incendio de 1875”. El barrio es característico desde entonces por su trama peculiar, que tiene su origen en la alineación de las antiguas barracas y sobre las que se desarrolla luego una arquitectura popular “de clara raigambre eclecticista”. El informe insistía en que de ejecutarse el plan urbanístico “se destruirán gran parte de los valores de este ensanche histórico”.

Los principios de la Convención de la Unesco, que sirve de brújula al Ministerio de Cultura para resolver el conflicto en El Cabanyal, nada tiene que ver con la demolición de 1.600 inmuebles para ampliar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar que defiende Barberá. Cuando la Unesco describe el patrimonio objeto de protección, se refiere no solo a edificios aislados de valor excepcional con su entorno inmediato, sino también a conjuntos, barrios de ciudades y pueblos que tienen interés histórico o cultural.

La Declaración de Ámsterdam, de 1975, avalada por el Consejo de Europa, se construye sobre los mismos mimbres, recuerda Pablo Longoria, director de Proyectos de la World Monuments Fund (WMF) en España, que incluyó el caso del Cabanyal en su lista vigía (Watch).

 

El País

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s