León. Uno de cada tres edificios que estaba obligado no pasó la ITC durante 2013.

Listas para franquear. Cada una con su correspondiente aviso. Las 260 cartas que el Ayuntamiento de León enviará en los próximos días para alertar a los propietarios de que no han cumplido con la obligación de que su edificio pase la Inspección Técnica de Construcciones (ITC). Un listado de infractores en el que se apuntan uno de cada tres inmuebles que estaban fijados en el padrón de 2012, con todo el 2013 y el primer mes del 2014 para someterse a la revisión: aquellos que fueron construidos en 1972 y entre el 1 de enero de 1946 y el 31 de diciembre de 1950, además de un pequeño grupo de 1920,1920, 1923 y 1927. El incumplimiento que ahora deja por delante un mes de plazo a los responsables de las casas señaladas para enmendarse, antes de que la administración municipal active el protocolo de ejecución subsidiaria: la fórmula por la cual desde el consistorio se envía a los inspectores y, con posterioridad, se remite la factura a los titulares; una cuenta que varía en función de la antigüedad, la superficie, el uso y la estructura, pero que ronda de media los 500 euros. La vía que incluso puede terminar con la imposición de sanciones de hasta 3.000 euros.

Nunca se ha llegado a este punto de sanción en los cinco años que lleva la ITC en marcha, según apuntan los técnicos responsables de la gestión de las inspecciones. Un filtro por el que han pasado más de 3.300 edificios de la ciudad. La obligación iniciada en 2009 —con el Ayuntamiento de León como uno de los primeros en redactar una ordenanza que es referente ya a nivel nacional— para todos los edificios que superen los 40 años. Un parque inmobiliario distribuido por anualidades, con 2017 como fecha fijada para completar el círculo, pero con el añadido de que después de la primera revisión estarán obligados cada diez años. La ronda por la que en este año están obligados los construidos en 1973 y entre el 1 de enero de 1951 y el 31 de diciembre de 1955.

La ITC, gestada para «garantizar la seguridad y salubridad» de los edificios, deja cada año un saldo de propietarios que, con el dictamen en la mano, deben acometer reformas para poder pasar el filtro. Un punto en el que se encuentran cada anualidad un tercio de los inspeccionados, cuyas obras suman cerca de un millón de euros de inversión en total, según las estadísticas municipales de los pasados ejercicios.

La obligación de ejecutar estos trabajos, que ha hecho que aumenten los expedientes de derribo de edificaciones antiguas en las que el coste es muy abultado y no renta a los propietarios, sigue el mismo esquema que la inspección. La imposición municipal, antes de que el consistorio decida ordenar la ejecución sustitutoria y cursar la factura a los titulares del inmueble afectado.

Una norma que se recoge en la ordenanza de la ITC. El texto en el que se detallan los elementos que deben ser visados por un técnico, acreditado por su colegio profesional, para dar el visto bueno. Un análisis que empieza por la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga y el resto de elementos estructuras, pero que además se fija en otros como los constructivos que puedan poner en peligro la seguridad de las personas, caso de cornisas, chimeneas o barandillas con posibilidad de caer a la vía pública. Un examen exhaustivo en el que además hay espacio para que los profesionales controlen el perfecto funcionamiento de las redes generales o el estado del revestimiento para evitar filtraciones.

Diario de León

 

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