Patrimonio de Valencia en peligro. Un palacio y una alquería en el limbo.

Los edificios protegidos del Casino del Americano y la casa señorial del número 7 de la calle Abben al Abbar, ambos de propiedad municipal, han pasado al limbo administrativo. La Concejalía de Cultura tenía adscritos ambos inmuebles para destinarlos a sede de la Universidad Popular de Algirós y Benicalap, respectivamente, pero ante la falta de dinero en los presupuestos municipales de 2012 para acondicionarlos a tal fin los han devuelto al servicio de Gestión Patrimonial
La junta local de Gobierno aprobó ayer la renuncia de la delegación que dirige Mairén Beneyto a la gestión de ambos inmuebles. Cultura ha encontrado dos inmuebles que «con una inversión mínima» podrán acoger la Universidad Popular.
El ayuntamiento tiene una lista cada vez más larga de edificios, muchos de ellos alquerías, adquiridos vía expropiación que no puede rehabilitar por falta de presupuesto y para los cuales no encuentra uso. El ayuntamiento apenas puede garantizar el mantenimiento de algunos de ellos. Es el caso de la alquería del Moro, declarada Bien de Interés Cultural, que ha tenido que ser derribada parcialmente —a través de fondos del plan Confianza— por su estado ruinoso.
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El Casino del America, la alquería del Moro y la alquería de la Torre forman parte de la ampliación del parque de Benicalap que prevé ganar 80.000 metros cuadrados más para esta zona verde.
El ayuntamiento pagó el pasado año 3,5 millones de euros por la expropiación del Casino del Americano. En el caso del palacete de Aben al Abbar, que tiene nivel de protección 2, el ayuntamiento pagó más de un millón de euros.
64 edificios en espera
La ley establece que cuando en un planeamiento la administración reserva suelo para equipamientos —servicio público, escolar, deportivo, jardines o viales— que no está incluido en ninguna unidad de ejecución la vía para obtener el suelo es la expropiación.
Para evitar situaciones de agravio en caso de que la expropiación se dilate demasiado en el tiempo, la legislación urbanística establece que si transcurridos cinco años desde la aprobación del planeamiento sin que la administración correspondiente haya expropiado, el propietario podrá incoar un proceso para obligar al ayuntamiento a expropiarle. Por este mecanismo legal, el ayuntamiento de Valencia está enfrentandose a peticiones millonarias debido a la demora en expropiar los edificios grafiados como Servicio Público.
El grupo municipal socialista cifró hace unos años en más de 64 los edificios protegidos destinados a equipamiento público que el ayuntamiento tiene pendiente de rehabilitar.
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