La reforma de la Ley de Urbanismo de Aragón fomenta la rehabilitación y simplifica las licencias.

El Gobierno de Aragón ha aprobado el proyecto de reforma de la Ley de Urbanismo, que simplifica la regulación de las licencias, se adapta a la diversidad territorial de la Comunidad y las necesidades de cada municipio y fomenta la rehabilitación.
El Ejecutivo autonómico se marcó como objetivo desde su llegada la simplificación de la regulación urbanística ya que “dificultaba, en algunos casos, las posibilidades de creación de vivienda y puestos de trabajo”. Así, esta normativa simplificará las licencias urbanísticas, incluyendo la figura de la declaración responsable. “Por ejemplo, una remodelación de unas instalaciones de una vivienda no requiere nada más que declaración responsable del técnico que avala este proyecto”, ha señalado el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte, Rafael Fernández de Alarcón.
Esta ley también se adapta a la diversidad territorial. El consejero ha subrayado que no tiene la misma realidad Zaragoza que un municipio de 300 habitantes, por lo que “cada uno debe tener un Plan General”. Por ello, se le da a los consistorios más posibilidades de ordenar “la vida urbanística” de acuerdo con sus criterios y necesidades.
Otro de los objetivos será el fomento de la rehabilitación. La normativa deja de apostar exclusivamente por la expansión de las zonas urbanas, para hacerlo también por la rehabilitación de las zonas consolidadas de los municipios. Se incorpora la figura del programa de rehabilitación, que forma parte del instrumento de planeamiento y que posibilitará la definición de ámbitos o áreas de actuación que flexibilicen los parámetros generales de la zonificación y permitan adoptar soluciones que hagan más atractivas las actuaciones de rehabilitación urbana.
Asimismo, también se apostara por la rehabilitación en suelo no urbanizable. La finalidad será la recuperación de patrimonio edificado y la reocupación del territorio ya transformado. Se intenta facilitar el desarrollo de iniciativas, controlando su legalidad e intentando promover la utilización del suelo no urbanizable cuando ello pueda contribuir al desarrollo socioeconómico o la creación de empleo.
El Gobierno de Aragón también buscará “favorecer las iniciativas económicas que permitan una generación de actividad productiva y empleo”. Entre las medidas, se encuentra la reducción de las cesiones en los polígonos industriales o logísticos se rebajan del 14% al 8%.
Además, se adecuará la marchaza de la urbanización del entorno al proceso de edificación para “evitar que cuando se hace una nueva zona se gaste mucho en obras que durante muchos años no serán necesarias”. Así, cree que se concentrará estos trabajos a medida que se vayan haciendo las edificaciones en los nuevos polígonos, lo que permitirá que “los gastos financieros no sean tan elevados”.
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