La Audiencia Nacional avala la orden que suspende los derribos en El Cabanyal. Valencia

La sección séptima de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha avalado la Orden del Ministerio de Cultura de 2009 que paralizaba la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar y decretaba la suspensión de los derribos en la zona afectada, según han confirmado fuentes conocedoras de la resolución a Europa Press.
De esta manera, la Audiencia ha desestimado los recursos interpuestos por el Ayuntamiento y la Generalitat valenciana contra esta Orden del Gobierno anterior -PSOE-, que ya fue avalada hace unos meses por el Tribunal Supremo (TS).
El origen de los hechos se remonta al 29 de diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Cultura dictó una Orden en la que declaraba que el PEPRI suponía la expoliación del conjunto histórico del Cabanyal, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de conjunto histórico y suspendía de forma inmediata su ejecución hasta que se adaptara y garantizara la protección de los valores de este conjunto. Esta Orden supone la paralización de los derribos en El Cabanyal para acometer la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.
El tribunal, tras estudiar el caso, ha declarado que la orden ministerial es “correcta”, en su forma y en su contenido, en base a algunas consideraciones. Entre ellas, considera que el Ministerio de Cultura tiene capacidad para emitir la declaración de expolio, pues “queda claro” que el Estado central es constitucionalmente competente en materia de protección y conservación general del patrimonio histórico, y no sólo de las zonas declaradas BIC, según han indicado fuentes de la Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar en un comunicado.
Además, la Audiencia indica que el ministerio es “respetuoso” y “no invade en modo alguno la autonomía local”, pues la orden ministerial no le dice al Ayuntamiento lo que tiene que hacer. Sólo le dice que lo previsto en el PEPRI es “ilegal” por constituir expolio. La alternativa deberá proponerla de nuevo el Ayuntamiento, modificando el plan para hacerlo compatible con la protección del patrimonio.
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Junto a ello, el tribunal señala –siempre según la plataforma Salvem– que no es ilegal que la declaración de expolio sea declarada por una orden ministerial firmada por la ministra –en vez de por una Resolución de la Dirección General de Bellas Artes, como alegaba el Ayuntamiento–. Es evidente para la Audiencia que el órgano superior puede hacer lo que se atribuye a un órgano inferior y dependiente.
Con todo, estima que el ministerio no actuó de forma arbitraria, ni hubo desviación de poder. Bien al contrario, de la sentencia se deduce la “minuciosidad” y el “respeto” por las formas que caracterizó al ministerio en cada paso procedimental que dio lugar a la elaboración de la Orden que declara el expolio, han señalado las mismas fuentes.
No hubo indefensión
La Audiencia también indica en la resolución que no hubo indefensión del Ayuntamiento en el procedimiento que dio lugar a la declaración de expolio, pues se le dio trámite de audiencia e hizo llegar su informe favorable al PEPRI.
El tribunal repasa los distintos informes emitidos por instituciones y organizaciones de defensa del patrimonio, para concluir que del conjunto de ellos se deduce que la declaración de expolio está muy bien argumentada.
Ayuntamiento de Valencia
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia están estudiando todas las posibilidades jurídicas que caben tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional (AN) de avalar la Orden del Ministerio de Cultura de 2009 que paralizaba la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar y decretaba la suspensión de los derribos en la zona afectada, han informado fuentes del Consistorio a Europa Press.
En estos momentos, los servicios jurídicos municipales están ya analizando el contenido de la sentencia -que se ha conocido esta tarde, dictada por la sección séptima de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, para sopesar las posibilidades de recurso y poder hacer público este viernes un pronunciamiento.
La Audiencia ha desestimado los recursos interpuestos por el Ayuntamiento y la Generalitat valenciana contra esta Orden del Gobierno anterior -PSOE-, que ya fue avalada hace unos meses por el Tribunal Supremo (TS).
El origen de los hechos se remonta al 29 de diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Cultura dictó una Orden en la que declaraba que el PEPRI suponía la expoliación del conjunto histórico del Cabanyal, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de conjunto histórico y suspendía de forma inmediata su ejecución hasta que se adaptara y garantizara la protección de los valores de este conjunto. Esta Orden supone la paralización de los derribos en El Cabanyal para acometer la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.
Calabuig lo considera «otra oportunidad» para el Cabanyal
El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha valorado que el fallo de la Audiencia Nacional (AN) como “una gran oportunidad para revitalizar el Cabanyal” y “un nuevo varapalo judicial” para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
En estos términos se ha pronunciado sobre la decisión de la AN de desestimar los recursos interpuestos por el Ayuntamiento y la Generalitat valenciana contra la Orden del Ministerio de Cultura socialista que paralizaba la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar y decretaba la suspensión de los derribos en la zona afectada
Joan Calabuig, que ha considerado que “no cabe esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional (TC) para empezar a actuar”, ha emplazado a Barberá a “acatar la sentencia cuanto antes y elaborar un plan alternativo que permita revitalizar el barrio”.
Para lograr este objetivo, ha “tendido la mano” Barberá para “trabajar desde el consenso, el diálogo y la participación de todas las fuerzas políticas y los vecinos y vecinas del barrio”. En esta línea, ha recordado que su formación ya presentó un plan integral para el Cabanyal a través de una moción en el mes de enero, que fue rechazada por el Partido Popular.
“La sentencia abre una nueva etapa en la que el Ayuntamiento debería proceder a anular la suspensión cautelar de las licencias e informar a los vecinos y vecinas de que se pueden acoger a las ayudas a la rehabilitación contenidas en el convenio de 2007”, ha explicado.
El portavoz socialista también ha propuesto que el Ayuntamiento se “coordine con la Generalitat para realizar los equipamientos educativos, sanitarios y las zonas verdes que necesita el barrio”, así como que lleve a cabo la “rehabilitación de las más de 400 casas y solares pagados con dinero público”.
Según ha explicado, con el plan integral para el Cabanyal que el grupo municipal socialistas presentó en enero, “se crearían más de 1.000 empleos directos en la ciudad”. Así, ha enfatizado que las inversiones en el barrio son “clave para reactivar la economía y generar empleo en el conjunto de Valencia” y ha remarcado que es el momento de “trabajemos todos juntos para generar actividad económica y superar enfrentamientos estériles”.
Joan Calabuig ha remarcado que la sentencia de la Audiencia supone una “gran oportunidad para concentrar esfuerzos en invertir y excluir la degradación”. “Ahora lo primero es atender a los vecinos y vecinas que tanto están sufriendo”, ha concluido.
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